¿Quién Protege A Los Que Protegen?

Hace un par de años me quedé con esta pregunta que se lanzaba en un seminario acerca de bullying y convivencia escolar; la razón: nos centramos en las víctimas, pero ¿qué pasa con las personas que deben cumplir labor de protección de los menores y son atacados por los padres? En ese tiempo no había sopesado tal comentario, lo comenté a algunos amigos y colegas, nada más, pero hoy me doy cuenta que fue visionario tal pronunciamiento. Hoy se han dado pasos consecuentes y lógicos que nos llevan a pensar que la protección del menor tiene que ser el eje de la educación moderna, mas qué sucede con los docentes y personal paradocente que está dentro de un edificio que, según el parecer de padres y apoderados, tiene que ofrecer seguridad y confianza.

Hoy más que nunca los padres y apoderados buscan colegios que den disciplina y una buena calidad de enseñanza. En algunos casos, estos lo hacen para garantizar y reforzar su labor de hogar, pero en no pocos -por diversos motivos, que no es necesario profundizar aquí-, escogen este tipo de colegios para que estas instituciones entreguen disciplina, modales y buenas costumbres, cosa que ellos no han sido capaces de entregar. Como dijo de forma muy asertiva hace cinco años atrás Marcelo Lewkow en su artículo Judicializar la Educación:

Pero en la mayoría de los casos de niños de difícil pronóstico educativo, hay detrás padres que, por razones a veces muy atendibles e inevitables, no han hecho, no hacen, ni podrán hacer la pega paterna, tan indispensable para que la tarea escolar pueda ser medianamente lograda. Muchas veces, son incapaces de reconocer su responsabilidad en los hechos, culpando, en ocasiones de modo violento y disruptivo, a cuanta persona o institución se le ponga enfrente y trate de ayudarlos.

¿Qué ocurre hoy? Hay varios buenos apoderados que colaboran con el aprendizaje de sus hijos, entienden los problemas de aprendizaje, e incluso sus problemas conductuales, que pueden tener de fondo algún problema psicopedagógico o psicológico, y gracias a ello pueden ser acompañados desde el colegio, pero llevado por la responsabilidad familiar.

Pero hay casos donde los padres y apoderados que vemos, y  lamentablemente son variopintas, que esperan que las instituciones educativas diagnostiquen, evalúen y desarrollen una solución para su hijo o hija. Este pensamiento hace que los colegios sean mucho más que instituciones que ofrecen enseñanza, sino que parecen más bien internados de puertas abiertas, en que los padres, tal depositarios de una tabla rasa, esperan al final de doce años de trabajo, un mueble pulido y hermoso, sin tener ellos mayor responsabilidad más que la fiscalización.

La existencia de una Superintendencia de Educación en Chile, permite que cualquier padre o apoderado interponga una denuncia ante ella acerca de cualquier conducta de la escuela que considere perjudicial para sus niños, generará un batallón de denuncias de difícil análisis, y probablemente, un endurecimiento de las relaciones padres-escuela.

Frente a esta problemática cabe la pregunta ¿quién protege a los que protegen a los niños de los establecimientos? Los docentes son hoy en día víctimas del proceso de judicialización de los casos de abusos en los colegios. Fenómenos como el bullying deben tratarse principalmente desde el punto de vista pedagógico, a puertas abiertas.

El doctor Jaime Retamal, experto en bullying, es enfático en el rol de los colegios y de la ley: "Debe apuntar a potenciar los proyectos educativos de cada escuela, en atención a los contextos que cada establecimiento tiene relativos a la convivencia y al clima escolar. Cada escuela o liceo es un mundo distinto, por eso sería una muy mala señal que hubiera una ley punitiva, castigadora, y no un programa nacional con fondos concursables, donde los establecimientos educacionales puedan poner a prueba su creatividad e innovación, para mejorar su clima escolar".

Un ejemplo de ello vimos en las constantes denuncias judiciales por negligencia de parte de los doctores; de ahí que las instituciones hayan creado protocolos y firmas de documentos de "no responsabilizar" en caso de algún error médico. En una palabra las instituciones médicas para protegerse de los pacientes que no entienden su labor, tuvieron que usar las herramientas judiciales que tenían a su disposición.

Hoy en los colegios estamos "ad portas" de un proceso similar, ¿es necesario esta actitud de temor? Si nuestra acción es formadora no punitiva.

Fotografía: Individual Protection por Martin Gommel